Reflexiones, por Juan Carlos Venesia (*)

Ante esta situación la creación de Assa generó un nuevo modelo de gestión, abordando el

Estado provincial en forma integral la problemática del saneamiento, teniendo un rol activo frente a la planificación y provisión del servicio, obligando a la empresa a definirse con un perfil social responsable y económicamente sustentable.

Hace cuatro años el gobierno justicialista tomó la decisión de rescindir el contrato de concesión de Aguas Provinciales de Santa Fe (APSF) y crear en el marco del estado provincial a Aguas Santafesinas SA (Assa). Esta medida se fundamentaba en el profundo deterioro del nivel de los servicios en toda el área prestacional de APSF, que generó que la producción y distribución de agua potable estuviese al límite de su capacidad, dada la baja confiabilidad de los sistemas de producción, distribución, recolección y tratamiento. También se generó un fuerte atraso en la respuesta a los requerimientos de los usuarios, como también falta de renovación de redes de agua potable y cloacas, resultado de la falta de inversión de la anterior concesionaria, fundamentalmente durante el período 2002-2005.

Desde su inicio Assa asumió todas las obligaciones que no aceptó la anterior concesionaria, especialmente en lo concerniente a inversiones y desarrollo de nuevas infraestructuras que incrementase la provisión de agua potable, el aseguramiento de la calidad del servicio y ejecutando las obras que no se habían realizado en el área prestacional.

Para esto el Estado provincial decidió un régimen transitorio para el período 2006-2007 dentro de las regulaciones que impone la ley 11.220. Este régimen transitorio mantenía el marco tarifario de la anterior concesionaria (tarifa plana), obligaba a Assa a presentar un plan de obras y desarrollo para el período, y se tomó la decisión de realizarlo sin incremento tarifario y financiado con la recaudación propia de Assa y aportes de la provincia.

Esto liberaba al nuevo gobierno (período 2007–2011) a proponer un nuevo marco regulatorio, modificar la figura jurídica de la empresa si lo consideraba necesario, y su forma de financiamiento.

Hoy, a más de dos años de tener esta oportunidad el Poder Ejecutivo provincial, se ha generado un profundo debate por parte de la sociedad civil debido al planteo de éste, de incrementar nuevamente la tarifa del servicio de agua en un 87 por ciento en forma escalonada durante el transcurso de este año

Sin desconocer el atraso tarifario y los inconvenientes financieros que atraviesa la empresa (poniendo al servicio en algunos aspectos a condiciones similares a las del 2005), se percibe que la medida que se trata de implementar se da en forma extemporánea, sin tener en cuenta el contexto por el que atraviesan los usuarios, que a su vez son contribuyentes de la provincia de Santa Fe.

El debate que se ha generado es evidentemente parcial y tardío, restringido a la cuestión tarifaria, a su aumento y la forma de implementarlo. A pesar que se debería haber considerado en el primer semestre del 2008, bienvenido que se dé hoy.

En función de las anteriores razones, aprovechemos la audiencia pública que convoca el Enress la semana que viene para ampliar el marco temático propuesto, y aportar los ejes por los que tiene que atravesar el servicio que brinda Assa, por lo menos para el próximo quinquenio (2011–2015)

Estos ejes nos tienen que permitir desarrollar y expandir el servicio, como garantizar la sustentabilidad y viabilidad de la empresa en términos financieros.

Para ello es prioritario concretar determinadas acciones como:

1) Crear el Fondo de Saneamiento Provincial (a través de una ley que comprometa fondos provinciales, aportes nacionales y de organismos internacionales) que permita realizar las inversiones impostergables en el área prestacional de Assa, como también en las otras localidades de la Provincia de Santa Fe.

2) Reordenar los plazos y las distintas formas de financiamiento del Plan Director, que oportunamente presentó la anterior gestión de Assapara el período 2006-2018 en el Plan MAS, priorizando la reformulación de los acueductos regionales.

3) Segmentar la tarifa de agua y cloacas, y que la recaudación propia de la empresa permita cubrir los costos de explotación, administración y comercialización de Assa, como también las inversiones necesarias para mantener funcionales las instalaciones existentes. En tanto, las inversiones en infraestructuras y de expansión, deberán financiarse a través del Fondo de Saneamiento Provincial, siguiendo los lineamientos del Plan Director de Agua y Saneamiento (MAS).

Impulsar la preservación del recurso agua manteniendo el caudal de agua tratada mediante la reparación de fugas no visibles en las redes, e instalación masiva de micromedidores domiciliarios, promover ordenanzas municipales con penalidades estrictas respecto del uso indiscriminado de agua tratada.

A través de la puesta en marcha de un nuevo marco regulatorio tiene que quedar claramente delimitada la responsabilidad de Assa en torno a su gestión operacional como a su sostenimiento financiero; y por su parte, al Estado provincial, la responsabilidad que le cabe en la concreción de un programa de obras de infraestructura sostenido para la próxima década.

Más allá de que hemos empezado a destiempo la discusión de este marco regulatorio, y entendiendo que esto conlleva la necesaria y legitima participación de la Legislatura provincial, sería prudente suspender el aumento tarifario propuesto hasta tanto se implemente el nuevo marco regulatorio que contendrá el régimen tarifario que se considere pertinente.

Es hora de que finalmente entendamos, unos y otros, que las decisiones eficaces no son las que se toman desde las urgencias, sino desde la reflexión y con vistas a futuro.

(*) Director general del Instituto de Desarrollo Regional y ex presidente del directorio de Aguas Santafesinas

Fuente La Capital (Rosario)