Por Raúl Lamberto (*)

En un artículo de la sección Economía del diario LaCapital (11/07/10), la diputada provincial Silvina Frana se refirió a una supuesta disminución del gasto en obras públicas del gobierno del Frente Progresista Cívico y Social (FPCS) y usó como argumentación el porcentaje de gastos en obras del período 2003-2007. Es muy fácil demostrar con esas mismas fuentes estadísticas que esa inversión en obras disminuyó durante el último año de gestión de Jorge Obeid.

Frana afirma que el promedio de erogaciones de capital representó un 12,8 por ciento del gasto en el período 2003-2007, pero no dice que esa relación decayó en 2007 a 10,8 por ciento. Es decir, que la inversión pública venía declinando hacia el final del período porque también los justicialistas empezaban a sufrir por la rigidez de los ingresos tributarios frente el aumento de los gastos corrientes (especialmente remuneraciones, como consecuencia del aumento de salarios y el fuerte crecimiento de personal).

Para entender los números, hay que entender las causas. Por caso, la administración del FPCS heredó una estructura de gastos excesivamente rígida (93 por ciento de los mismos son fijos). Las gestiones justicialistas disimularon los déficits merced a la rebaja de haberes y jubilaciones al personal (13 por ciento), a la privatización de empresas públicas estratégicas y al desfinanciamiento de municipios y comunas.

Los blanqueos parciales de los componentes "en negro" de las remuneraciones de los empleados públicos en 2007, los aumentos salariales en los últimos meses de la última administración justicialista, la incorporación de 4.582 empleados públicos también hacia el término de ese período, incidieron en la gestión presupuestaria de 2008. Es decir, Obeid decidió aumentos, blanqueos e incorporaciones que luego le tocó pagar a Binner.

El gobierno del Frente decidió restablecer el porcentaje legal de coparticipación de tributos nacionales y del impuesto sobre los ingresos brutos a los municipios y comunas que implicó mayores transferencias a los gobiernos locales — $67 millones en 2008 y $98 millones en 2009—, que se computan como gastos corrientes en los estados financieros.

También se decidió la finalización de las obras viales propuestas y licitadas por el gobierno anterior y la ejecución de un programa de reparaciones sociales en educación, salud, seguridad y justicia. El fondo provincial para reparar escuelas aumentó de 17 a 48 millones de pesos anuales y se modificó el aporte de la provincia destinado a financiar la Tarjeta Ciudadana, que en 2008 pasó de 38 a 95 millones de pesos. Tampoco debe olvidarse el sentido de justicia social que supone reconocer el 82 por ciento móvil en las jubilaciones provinciales.

De allí que el gobierno progresista propusiera una reforma tributaria en 2008 y 2009, para garantizar un equilibrio entre recursos y gastos, para atender a las demandas sociales y salariales, no resentir la obra pública, preservar la autonomía fiscal.

¿Cómo respondió la oposición justicialista en la Legislatura? Poniendo palos en la rueda. Aceptó el nivel de gasto propuesto en 2010 por el gobierno progresista pero sólo aprobó el aumento de los impuestos inmobiliario y patente. Renovando su alianza con algunos empresarios de la industria y la construcción, rechazó otra vez un gravamen sobre sus ingresos brutos. Una y otra vez los justicialistas reiteran el falso argumento de que "la provincia fue llevada a una situación deficitaria por la gestión del Frente Progresista debido al desmedido incremento del gasto público" algo que desestimamos por inexacto y falaz. El gasto en personal político pasó de tener una incidencia de 0,46 por ciento del gasto público total en 2007 a una incidencia de 0,51 por ciento en 2009.

Desestimamos, también, por ser un análisis numérico que no repara en el contenido social, la relación entre el aumento del gasto corriente en mayo-junio 2010 comparado con igual período de 2009, pues las razones de tal modificación fueron el aumento de personal docente (1.064 cargos) y de seguridad (949 cargos). En relación a otros componentes del gasto corriente, es difícil o imposible reducir las transferencias a municipios y comunas, los salarios y jubilaciones (como hicieron los justicialistas), los alquileres de edificios públicos, etcétera.

¿Qué otra cosa quedaría por podar en el presupuesto provincial? Habría que podar gastos sociales: construcción y ampliación de escuelas, de centros de salud y hospitales; adquisición de ambulancias y patrulleros. O sea, reducir la obra pública. Los legisladores justicialistas no tienen reparos en hacerlo y demorarr la mejora de la calidad de vida de muchos santafesinos.

Aún así, el gobierno del FPCS lleva adelante un programa de obras públicas que desmiente con hechos los cálculos justicialistas como la construcción y readecuación de 950 km. de rutas, de grandes hospitales y 82 centros de salud, entre otros, que se traducen en 600 contratos de obras en condiciones económicas adversas.

(*) Diputado provincial del Frente Progresista Cívico y Social

Fuente: La Capital (Rosario)