El Litoral / Editorial

La Justicia deberá determinar si Hebe de Bonafini fue cómplice de Sergio Schocklender en el manejo irregular de más de 700 millones de pesos; si sabía lo que pasaba pero prefirió callar para evitar el escándalo o si, como ella asegura, fue víctima inocente de estafadores de la peor calaña.

Pero el hecho de haber salpicado directamente a la Asociación Madres de Plaza de Mayo no es el único elemento que torna particularmente sensible y delicado a este caso. Existe otro factor a tener en cuenta, que va más allá de lo estrictamente judicial y que torna moralmente inaceptable todo lo que vino ocurriendo con el manejo de ese dinero.

Los más de 700 millones erogados sin control por el Estado -de un total que alcanzaba los 1.200 millones- no estaban destinados a la compra de armas, a la realización de campañas proselitistas o a brindar apoyo crediticio a algún empresario amigo del poder en problemas. Estaban destinados a saldar una de las más profundas deudas sociales de la Argentina, donde una de cada cuatro personas habita viviendas precarias o carece de un techo donde guarecerse.

Si bien habrá que aguardar la publicación definitiva de los resultados del Censo Nacional realizado el año pasado para conocer en detalle la situación, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de 2010 indica que el 25% de las viviendas del país pueden ser consideradas precarias por la calidad del material de construcción, la ubicación, el nivel de hacinamiento o los servicios con que cuenta. La situación es más grave en las provincias del norte, en el Gran Buenos Aires y en los cordones empobrecidos de las grandes ciudades. Mientras tanto, parte de los fondos entregados -y no controlados- por el Estado terminaron siendo utilizados para comprar autos de lujo, yates, aviones y a sostener el ostentoso nivel de vida de un empresario amparado por tan alta sensación de impunidad, que ni siquiera sintió la necesidad de cuidar las formas.

En Santa Fe, el Movimiento Los Sin Techo se propuso en los noventa celebrar la llegada de un nuevo siglo con una ciudad sin ranchos. Aseguran haberlo conseguido en 2000, pero alcanzar aquella meta no fue tan difícil como sostenerla en el tiempo. En barrios como San Agustín, La Ranita, Abasto, Loyola, Las Lomas, Alto Verde, Chaqueño, San Pantaleón, Barranquitas, Villa Oculta, Villa Hipódromo, Los Hornos, El Arenal, Chalet, Centenario, San Lorenzo, entre otros, la situación sigue siendo delicada. Cada mes que pasa, se levantan aproximadamente 30 nuevos ranchos en el cordón de marginalidad.

Según un reciente informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino -centro de estudios independiente y sin fines de lucro-, frente a este panorama es entendible la indignación ante las sospechas de desvío de fondos destinados a la asistencia social, utilizando el “paraguas” de una organización de derechos humanos.

Sin embargo, Idesa advierte que el escándalo en la Asociación Madres de Plaza de Mayo no es un hecho aislado, sino apenas un testimonio de un mecanismo de uso masivo y sistemático: la canalización de fondos públicos por fuera del circuito estatal para financiar proyectos de ONG, cubrir déficits de empresas públicas o subsidiar empresas privadas, lo que permite eludir los controles y las formalidades del Estado.